Material a discusión – Diciembre de 2023
Análisis de la situación de política de México
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La lucha contra el neoliberalismo
El Estado mexicano sufrió grandes cambios a partir de los años 80, cuando la burguesía mexicana y las máximas dirigencias políticas y militares del país impulsaron las principales transformaciones neoliberales, modificando sustancialmente la forma de dominación que se había sostenido tras la revolución.
La implementación del neoliberalismo en México estuvo marcada por cuatro grandes olas de enfrentamientos populares en su contra. En estas luchas populares convergieron, por un lado, el rechazo inmediato contra algunas políticas específicas y la defensa del Estado post revolucionario, y por otro lado, planteamientos de justicia social, democracia y liberación que además de rechazar las medidas neoliberales aspiraban a desatar un cambio revolucionario.
La primera ola de rebeliones populares ocurrió en los años 80 a través de movilizaciones, ocupaciones de tierra en el campo y la ciudad, huelgas obreras y estudiantiles y luchas electorales. La mayoría de las organizaciones tenían una posición de izquierda que planteaba un cambio social de horizonte socialista, unas en la vertiente ligada a los sectores del nacionalismo revolucionario y al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), heredero del antiguo Partido Comunista de México (PCM), y otro de carácter radical, marcado por distintas corrientes político militares influenciadas por diversas expresiones de izquierda y tradiciones populares, incluidas antiguas escisiones del PCM. Esta oleada tuvo su momento de mayor expresión en la lucha electoral de 1988 en la que un fraude electoral y, posteriormente el pacto entre las élites, la represión y la desmovilización, impidieron el acceso al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional.
La segunda ola tuvo su momento más relevante tras el primero de enero de 1994 con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la movilización nacional que le acompañó. La fuerza con la que impactó el alzamiento armado fue producto del genio de la organización político militar en su unidad con las formas de organización y lucha indígena. El levantamiento se vio reforzado por núcleos organizados del movimiento popular que se habían pertrechado en sus territorios tras la derrota de 1988 y por el impulso que trajeron las movilizaciones indígenas ante los 500 años de invasión colonial. Tras 1994 ocurrieron distintos esfuerzos por articular la movilización popular en un proyecto alternativo nacional. Dos grandes bloques intentaron hacerlo a su modo: el zapatismo y todo el acumulado de luchas indígenas que le seguían; y el Partido de la Revolución Democrática y las organizaciones de masas cercanas. La unidad sólo se dio en coyunturas puntuales, pero no avanzó en un proyecto nacional. El bloque de organizaciones más cercano al zapatismo se fue disgregando en diversas agrupaciones de izquierda distanciadas de la política partidaria (aunque algunas intervenían en ciertos momentos). Mientras que el bloque ligado al PRD se fue separando de la movilización social, su base se fue dispersando y las dirigencias privilegiaron pactar con la burguesía para sostener su poder dentro del Estado.
Una tercera ola de luchas populares ocurrió al inicio del siglo XXI. Fue suscitada por distintas contrarreformas neoliberales y como resultado de peleas contra algunos políticos locales. Tuvieron como núcleos articuladores a los grandes sindicatos democráticos y sus frentes amplios, en los que convergieron diversas organizaciones sociales, marcadas por la influencia política de las viejas coordinaciones revolucionarias de los años 80. Entre los grupos más relevantes estuvieron la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Sindicato Minero en la posición reformista, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la posición radical. Sus esfuerzos de articulación se dieron principalmente entre el 2001 y el 2010 logrando tener una capacidad de movilización que aunque golpeó al Estado, no logró revertir las medidas neoliberales en su contra. Una característica fundamental de este periodo fue la incapacidad de convertir la inconformidad social en proyectos de cambio político. Mientras tanto las diferencias entre las organizaciones populares y el PRD fueron cada vez más fuertes. El zapatismo por su parte, a pesar de distintos esfuerzos, vio cada vez más limitada su capacidad para ser un referente nacional. En el marco de esta oleada nació el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tuvo la capacidad para arrastrar tras de sí a grandes masas populares en las disputas electorales, sin plantear una organización alternativa ni escalar el conflicto más allá de los márgenes establecidos por el Estado.
La cuarta ola se dio luego de una modificación profunda de las formas de dominación estatal: la implementación de una guerra permanente contra la población a partir del control de la vida social por parte de grupos para militares articulado con la economía criminal y sus vínculos con grandes capitales transnacionales. Esta ola tuvo como centro la movilización contra crímenes de Estado y fue desde los movimientos locales contra los feminicidios, como el de Chihuahua, pasando por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para llegar a la movilización contra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Destacó una nueva generación de activistas que se forjaron en el ambiente de la lucha del Movimiento #YoSoy132 y que estuvo cada vez más distanciada de las influencias políticas de la izquierda revolucionaria de las décadas previas.
Una nueva generación marcada más por el dolor y la rabia frente a los crímenes de Estado que por ideologías de cambio social, tuvo la capacidad de golpear fuerte la estructura de dominación. En esta última ola las apuestas de cambio radical fueron menos determinantes de la acción política y dominó, en contraste, la iniciativa de las organizaciones civiles que intentaron conducir el conflicto a negociaciones con un Estado que no cedió a las presiones populares. En esta oleada, las organizaciones de masas fueron actores sumamente activos, pero los años de violencia en su contra ya les habían impactado en su capacidad para aglutinar fuerzas.
Más allá de las luchas populares ocurrió un colapso de las expresiones políticas más relevantes del período neoliberal. El PRD sepultó su tradición de izquierda, sumándose a la implementación de las medidas más agresivas del neoliberalismo en el Pacto por México. El PAN perdió su capacidad de liderazgo social al radicalizar su postura autoritaria de ultra derecha. Mientras el liderazgo de AMLO avanzaba en un nuevo pacto con las Fuerzas Armadas, la burguesía y Estados Unidos para reencauzar la política en una nueva propuesta de dominación. Sin revertir las contrarreformas del neoliberalismo, Morena, el nuevo partido, se convirtió en la instancia que organizó a las élites políticas y la burguesía mexicana, al grado que el PRI terminó por desplomarse y gran parte de sus fuerzas y actores migraron a aquel nuevo partido.
El gobierno de AMLO
El hartazgo popular contra las transformaciones neoliberales impuestas desde los años 80 fueron determinantes para que triunfara una expresión política que aparecía en las antípodas del poder instituido. Pero el acceso al poder de AMLO no se debió sólo a ese factor. Su triunfo se explica también por los acuerdos que estableció con el gobierno de Peña Nieto, las alianzas y compromisos con los militares y con la burguesía mexicana, así como con Estados Unidos. Para los sectores populares aparecía como la única opción, dentro de la legalidad instituida, que podría romper en algo con el neoliberalismo. Para las élites fue la mejor opción para garantizar la estabilidad social, calmar la rabia popular y continuar con la lógica imperante.
El nuevo presidente planteó que su gobierno constituía un cambio equiparable con las “transformaciones” ocurridas en la independencia, guerra de reforma y revolución. Bajo la frase “Cuarta Transformación” (4T) inició su mandato prometiendo hacer un gobierno histórico sin hacer cambios políticos radicales y sin revertir las contrarreformas neoliberales. Su gobierno tuvo como centrales los siguientes rasgos:
– Un discurso nacionalista en el marco de la tradición liberal, con referencia a los luchadores sociales provenientes de la izquierda y a las luchas históricas de México. Con una insistente mención a los pueblos indígenas y afromexicanos, puso a los pobres y al pueblo como el objeto al que iban dirigidos los cambios desde el Estado. Aprovechando la falta de legitimidad de la oposición y el colapso de las formas de debate político, desde sus conferencias matutinas y de los propagandistas a fines, construyó un relato en el que la política se definía tan sólo por la existencia de dos bloques contrapuestos: de un lado los “progresistas”, liberales y morenistas que impulsan la 4T; frente a los “conservadores”, “fifís”, “corruptos” y “radicales de derecha” que se oponen a los cambios del nuevo gobierno. Con el poder mediático del Estado, su liderazgo y un alineamiento mayoritario de medios de comunicación alternativos, encasilló como posición “conservadora” a toda opinión y acto que le criticara o se opusiera a alguna política del Estado. La reducción de las expresiones políticas a dos polos, invisibilizó la inconformidad social e impuso a las bases morenistas una concepción que toda crítica a AMLO provenía de la derecha y era peligrosa. Por su parte, a los sectores de derecha, aunque públicamente critican los usos mediáticos de la presidencia, les beneficia esa construcción pues gracias a ella aparecen como los únicos antagonistas, los que visiblemente pueden encabezar cualquier acto de oposición.
– Una autodenominada austeridad republicana promovida como un gasto eficiente de recursos a partir de bajar sueldos de funcionarios, reducir presupuestos en algunas áreas de gobierno y combatir la corrupción. El recorte afectó a algunos programas, extinguió los fideicomisos públicos con excepción de los militares (cine, recursos naturales y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas) y disminuyó recursos a centros públicos de investigación del Conacyt señalándolos como instituciones privilegiadas (Instituto Mora, CIDE y otros). Sin reforma fiscal de por medio, que gravara con más impuestos a los más ricos, sus ajustes en el presupuesto significaron la reducción de recursos para secretarías del Trabajo, Salud, Turismo y Cultura, mientras se aumentó el presupuesto para las Fuerzas Armadas y las Secretarías de Energía y Bienestar.
– Programas sociales individualizados dirigidos a transferir recursos estatales para aumentar el poder adquisitivo de los más pobres y activar el consumo interno a través del endeudamiento de los “beneficiarios” (nuevos sujetos de crédito) con las grandes transnacionales. Proliferaron las Bodegas Aurrera y las tiendas Coppel (Bodega Aurrera representan el 80% de las tiendas del grupo Walmart y acaparan al 40% de la población del país que no puede pagar una canasta básica; mientras Coppel creció, entre 2011 y 2021, un 278%). Los apoyos en el campo rompieron con las formas de organización corporativas de las organizaciones populares y las centrales campesinas, lo cual debilitó mucho a sus dirigencias, pero también afectó a los agremiados, pues la política del gobierno no fue dirigida a buscar mejores formas de asociación para que los campesinos enfrentaran a los intermediarios y acaparadores. Aunque el gobierno argumentó que la distribución de apoyos se hacía por fuera de las organizaciones sociales para evitar fomentar la corrupción, desde las estructuras de gobierno, la distribución de granos y fertilizantes se hizo en muchos casos a través de rancios caciques de la Confederación Nacional Campesina del PRI.
– Impulsar el desarrollo económico del sur del país a partir de grandes proyectos de mega infraestructura. Siguiendo la apuesta estratégica de la burguesía mexicana de ofertar el país con una serie de corredores intermodales para el comercio mundial (con extracción de bienes, tráfico, producción y consumo de mercancías) el gobierno de AMLO apostó a detonar dos corredores: el de la península de Yucatán y el del Istmo de Tehuantepec confiando en atraer a los capitales norteamericanos que están migrando sus empresas de China hacia el territorio que consideran como local (nearshoring). Bajo el nombre de Tren Maya está en curso una reorganización territorial en la península de Yucatán para fortalecer el turismo, promover grandes complejos inmobiliarios e intensificar la producción de palma africana, de granjas avícolas y porcícolas. Hasta la fecha, a pesar de la inauguración simbólica, sólo se ha construido la mitad del trayecto, el presupuesto ya aumentó 2.4 veces más de lo previsto y la destrucción de la selva y de patrimonio histórico ha sido inmenso. Por su parte, el Corredor Transístmico apuesta convertir esta región en uno de los principales corredores Atlántico-Pacífico de la región norte de América. El proyecto consiste en ampliar la red carretera, modernizar aeropuertos y trenes, ampliar el puerto de Veracruz, y producir crudo en la nueva refinería Dos Bocas (inaugurada el 1/07/22, inició producción el 1/09/23). En estos proyectos convergen capitales transnacionales y mexicanos, con el especulador financiero Black Rock a la cabeza. Son ejecutados por las Fuerzas Armadas Mexicanas y grandes transnacionales. Constituyen la apuesta más ambiciosa del gobierno por dejar una huella en esa región del país, apostando al dogma del derrame económico (el trickle-down neoliberal). Dicen a que “un fortalecimiento de los grandes capitales en esa región traerá la riqueza a los más pobres”. Sin embargo, hasta ahora en estas regiones el acaparamiento de tierras por los más ricos ha crecido y la violencia del crimen organizado se ha incrementado fuertemente, golpeando a los sectores populares y sin afectar a los grandes capitales.
– Un crecimiento y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en su poder económico, control social y territorial, a través de un marco legal ad hoc que les garantiza la impunidad. Esto se traduce en una reformulación del poder político del país en manos del poder militar. En lo económico el gobierno entregó a las FFAA el control, construcción y/o remodelación de los Aeropuertos Internacionales Felipe Ángeles, de Palenque, Chetumal y Tulum; 621 kilómetros de tramos del Tren Maya; el control de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el control de toda la marina mercante y de las aduanas marítimas y terrestres; la distribución de gasolina a través de pipas de transporte; la construcción de 2700 sucursales del Banco del Bienestar y de 266 cuarteles de la Guardia Nacional; una nueva línea aérea (Mexicana); y tendrá parte importante en la reconstrucción del puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Son ahora el tercer conglomerado más rico del país, tan sólo por detrás del grupo Carso y Grupo México. De cada negocio en que participan como constructoras también son accionistas. En 6 años el presupuesto castrense aumentó un 180% en términos reales, para el 2024 el 20% del presupuesto nacional estará bajo control de las FFAA.
De la mano del poderío económico, el control territorial ha aumentado con la presencia de los cuarteles militares y de la Guardia Nacional en todo el país (un ejemplo: para la reconstrucción de Acapulco se planean construir 38 cuarteles militares en el puerto, actualmente hay cinco). Bajo el señalamiento de la corrupción imperante en las policías, las fuerzas militares ahora operan como un poder por encima de las corporaciones civiles que supervisan y centralizan las tareas de inteligencia en todos los municipios del país. Además, han reforzado su participación en tareas de investigación científica y hasta se le ha dado la responsabilidad en la curaduría artística para las nuevas instalaciones del Proyecto Chapultepec.
En cuanto al control social ha destacado el fortalecimiento de la propaganda a favor de las FFAA , ellas son presentadas como un cuerpo “honesto”, “nacionalista” y como “actor principal de la 4T”. Su papel en la distribución y aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 y en la entrega de programas sociales ha sido la punta de ese reposicionamiento de un cuerpo que, hasta hace poco tiempo, tenía un gran desprestigio social. Las FFAA habían destacado por su involucramiento en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violación de mujeres. El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa era el símbolo más crudo de unas FFAA manchadas por la criminalidad en los más altos rangos. El nuevo gobierno se empeñó en limpiar esa imagen. Sin impulsar ninguna reforma militar, condecoró al ex Secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto y suspendió las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas justo cuando ellas conducían a la responsabilidad de altos mandos militares en la comisión de delitos de lesa humanidad contra los estudiantes. Además, desde que Estados Unidos declaró “la guerra contra el terrorismo” a fines de 2001, la subordinación de las FFAA armadas mexicanas a las estadounidenses se ha incrementado en materia de apoyo, capacitación, inteligencia y operaciones conjuntas sin que el gobierno de AMLO tomará alguna iniciativa para acotarlo o reducirlo.
– Una política internacional contradictoria. Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto habían reducido la diplomacia mexicana a un grupo de choque pro yanqui. Con AMLO esto cambió y la vieja tradición diplomática recuperó su prestigio. En esa línea, la administración actual se ha pronunciado contra el bloqueo a Cuba y ha recuperado la relación con Venezuela. También apoyó a Evo Morales frente al golpe de Estado que sufrió y se pronunció contra el golpe de Estado en Perú. Estas medidas, que son elogiadas por todo el mundo y que han reforzado la imagen exterior de México como un país de avanzada, son complementadas por una subordinación de México al control de Estados Unidos, siguiendo todas las medidas que aquel país impone en el control migratorio, militarizando la frontera y enfrentando con violencia las caravanas de migrantes; también señalando a China como una amenaza contra la región y rechazando la invitación de los países del BRICS a ser parte de ese proyecto. AMLO ha sido insistente en sus llamados a Estados Unidos para que “recupere su liderazgo” a nivel latinoamericano, sugiriendo que impulse un nuevo “Plan Marshall” o una “Alianza para el Progreso” con el fin de apoyar a los países más “desfavorecidos” de la región. Además, promovió junto a Estados Unidos una iniciativa para que la ONU envíe una misión militar en Haití y ha evitado cuestionar el genocidio israelí contra el pueblo palestino.
– El gobierno de AMLO además estuvo marcado por dos eventualidades: la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica mundial. El saldo de la pandemia fue abrumador: 334 mil muertos en cifras oficiales. Los impactos de la pandemia en la población se debieron a un sistema de salud pública desmantelado a lo largo del neoliberalismo, a la salud deteriorada de la población por las dinámicas de trabajo, la contaminación ambiental y el consumo de productos nocivos a la salud. Sin embargo, también se debieron a los manejos incorrectos de la emergencia sanitaria por parte de las autoridades estatales. Tan sólo para ilustrar el mal manejo de la crisis sanitaria basta decir que en términos proporcionales México tuvo índices de muerte por COVID iguales a los de la administración de Bolsonaro en Brasil. En cuanto a la crisis económica, México ha logrado sostener su moneda estable, sin embargo, el crecimiento económico ha sido muy bajo (1.3% anual según el gobierno), muy por debajo del 2.2% de crecimiento que hubo durante la crisis del 2008.
La formación social mexicana y la 4T
Comprendiendo la 4T como una apuesta política de un nuevo bloque dominante, comprometido a no revertir los cambios neoliberales de los últimos 40 años, para quienes intentan construir un proyecto político popular de cambio radical, la cuestión fundamental radica en comprender las profundidades que alcanzará el proyecto político de la 4T y la capacidad que tendrá de sostenerse frente a las contradicciones sociales.
Hasta ahora el nuevo bloque ha demostrado tener una gran capacidad para sostener acuerdos con la burguesía mexicana. Salvo su disputa con el grupo Salinas-TVAzteca y choques con Mexicanos Primero y algunas cámaras empresariales, ha conseguido que, en lo fundamental, los empresarios se subordinen a su lógica, permitiéndoles ser parte de los grandes proyectos económicos.
A escala internacional, el gobierno ha logrado construir una gran capacidad para atraer los capitales norteamericanos bajo la lógica del nearshoring, ofreciendo una estabilidad social que los gobiernos anteriores no tenían. En tanto la 4T ha renunciado a la posibilidad de establecer alianzas con China o Rusia para un equilibrio geopolítico distinto, la suerte de México estará ligada al sostenimiento del poderío estadounidense que, a pesar de su debacle general, seguirá siendo el principal poder económico militar por algunos años más.
En cuanto a las fuerzas políticas, la 4T es síntoma y resultado de una crisis de legitimidad que llevó al colapso de las opciones partidarias. Quedaron sepultadas o sin capacidad de disputas hasta las expresiones que se presentaban como civiles e independientes. A pesar de la beligerancia pública contra el gobierno, en lo fundamental la oposición ha pactado con el bloque en el poder y se ha reducido a una fuerza que basa su crecimiento en los errores y fracasos de Morena. La oposición apuesta al desgaste de la 4T a través del tiempo y se mantiene a la espera de crear una coyuntura que le permita posicionar un nuevo liderazgo opositor. Mientras eso ocurre, a partir de la construcción política de AMLO sobre dos polos en disputa, la oposición aviva los discursos racistas, clasistas y anti populares tratando de arrastrar el espectro político (actualmente de centro-derecha) hacia la ultraderecha.
La 4T apuesta convertir a Morena en un nuevo partido de Estado en el que cabe todo tipo de políticos sin importar ideología, práctica política ni procedencia. La única condición es que los nuevos agremiados se subordinen a los acuerdos de la dirigencia, contribuyan engrosando las filas del partido y acepten dirimir sus pugnas al interior del mismo. Morena confía que con eso civilizará las pugnas entre políticos y garantizará una estabilidad transexenal bajo los presupuestos morales establecidos por su máximo dirigente. De ahí la gran migración al partido de todo tipo de políticos y el predominio del pragmatismo por encima de cualquier principio en la designación de candidatos.
Desde la consolidación del régimen post revolucionario, las FFAA fueron un actor clave de las definiciones políticas generales, pero su poder había permanecido soterrado y, a diferencia de toda América Latina, habían respetado el predominio del poder civil. Sin embargo, el poder adquirido durante el gobierno de AMLO ha volteado la balanza a favor del eje militar. Resulta evidente que las FFAA no recularán en su control. Al contrario, con base en el poder concedido serán cada día un actor más determinante de la política y seguirán conquistando territorio y poder político, militar y económico, doblegando a los poderes civiles sin tener que recurrir a golpes de Estado ni a encabezar dictaduras.
Ligado al poder de las FFAA y su subordinación a la lógica militar estadounidense, el crimen organizado (CO) se ha convertido en una fuerza que realiza tareas de seguridad y control social funcionales a la lógica económica dominante (a través del terror desmedido). El CO es un actor económico que actúa en las altas esferas de la economía (minería, maquila, capital financiero, inmobiliarias, cárceles) y también en la economía popular (control de transporte, préstamos leoninos, tortillerías), a lo que se le suma el papel clave de estos grupos en el control de los flujos migratorios sudamericanos y caribeños. No existe en el horizonte ningún indicio de que el poder de estos grupos vaya a disminuir. Su fuerza tan sólo cambia en función de los conflictos entre grupos que resultan funcionales para mantener un estado de caos en el que el poder de los cárteles nunca es superior al de las FFAA y de los organismos de Estados Unidos. El único riesgo para el CO seguirá siendo que, si el terror se logra convertir en rabia generalizada, se detone un alzamiento social que les enfrente. Si bien esto aparece como algo improbable debido a la asimetría de fuerzas, también es poco probable que la sociedad siga tolerando tanta violencia (tan sólo en el gobierno de AMLO la cifra de personas desaparecidas rebasó las 40 mil). Posiblemente aquella coyuntura sería la única capaz de acabar con el dominio del CO, a no ser que ocurra una transformación de la estructura económica en que se pueda prescindir de la economía criminal, lo cual es aún menos probable.
Todo parece indicar que habrá 4T para rato. Sin embargo, aún no queda claro cuánto tiempo será ese rato. El liderazgo de AMLO es tan fuerte que aparece como el único capaz de ordenar el aparato de Estado en favor del bloque dominante. Seguramente su sucesora será Claudia Sheinbaum, quien estará supeditada al liderazgo moral del tabasqueño, pero de modo similar a como fueron los traspasos del poder presidencial bajo el priismo, lo que estará en tensión es la capacidad de AMLO para sostener su poder en el nuevo sexenio y la de Sheinbaum, de imponerse como líder. La elección de Clara Brugada como candidata al gobierno de la CDMX, apoyada por AMLO, frente a la derrota Omar García Harfuch, candidato de Sheinbaum, son expresión de esta disputa ya en curso.
La 4T aparece entonces como la nueva configuración ideal para sostener al Estado, tras las reformas neoliberales y en el marco de las nuevas disputas del capital y de los grandes bloques mundiales. Sus opositores apuestan a que la 4T se desmorone a partir de las contradicciones sociales. Enmarcados en una nueva corriente de ultraderecha que cataliza la inconformidad social que los gobiernos autodefinidos como “progresistas” no logran calmar, buscarán emerger con un liderazgo radical autoritario que revierta todo aquello que ganaron los sectores populares con AMLO, principalmente en el terreno simbólico. La ultraderecha puede avanzar en la medida que la nueva gobernante sea incapaz de administrar los conflictos sociales y no logre generar el consenso entre la burguesía (como ocurrió en Brasil con Dilma Rousseff). Sin embargo, remar a contracorriente del histórico discurso socialdemócrata y nacional arraigado en la sociedad (primero con el PRI y ahora con Morena) será difícil para los remedos de Trump, Bolsonaro y Milei.
En el plano cultural no queda claro cuál ha sido el impacto de la 4T. Si esto se midiera tan sólo por el nivel de los cambios políticos suscitados por el nuevo gobierno, que han sido limitados y escasos, podríamos concluir que será escaso. Pero el asunto es más complejo. La 4T ha construido una propuesta cultural original que combina una parte de la tradición cultural priista con innovaciones acordes a las dinámicas culturales del capitalismo. El reavivamiento de la cultura del priismo es posible captarse en: el discurso nacionalista (liberal e institucional-republicano) promovido en todos los ámbitos sociales y en todos los ritos cívicos; el alineamiento de las personas en lo individual y corporativo al poder del Estado para encontrar en sus estructuras la posibilidad de ascenso social; el alineamiento ideológico acrítico para con la figura presidencial; la concepción del Estado como algo ajeno, superior y ominpotente que actúa como benefactor del pueblo. Pero la nueva propuesta cultural de la 4T se basa también en nuevos elementos como son: el desprecio a la reflexión intelectual (al que condena como un sector privilegiado y ajeno al pueblo); la exaltación de los propagandistas como detentores de la verdad (influencers y moneros); el desprecio a las figuras morales (civiles, políticas y eclesiales); la reducción de la palabra del Presidente al único criterio de verdad (incluso cuando pueda basarse en mentiras); el rechazó a la cultura y tradición política de izquierda (reconociendo como izquierda sólo a quienes están a favor de AMLO, sin importar su trayectoria previa); el rechazo a defender una posición de clase (trabajadora), defendiendo, en cambio, la noción moral de “pueblo bueno”; y una inercia a justificar la incapacidad y falta de voluntad política de la 4T bajo tres razonamientos burdos: “estábamos peor con el PRI-AN”, “no sé puede cambiar en 6 años lo que se hizo en 80”, y “entonces ¿quieres que regrese el PRI-AN?”.
El elemento principal que definirá la duración y trascendencia de la 4T será la capacidad que tenga para implantar las nuevas transformaciones sociales que necesita el capitalismo sin choques sociales. Su potencia central se basa en ir a favor de la corriente económica dominante. Sin embargo, su debilidad radica también en que sus acciones de gobierno están agudizando las contradicciones con los sectores populares en los que se basa su representación y legitimidad.
El escenario abierto por nearshoring y los nuevos corredores económicos pondrán en un primer plano una de las contradicciones más fuertes de la sociedad mexicana: la de la propiedad social de la tierra contra el avance de la propiedad privada. Ante la llegada de nuevos capitales se vendrán nuevas disputas en los territorios por los recursos y las afectaciones ambientales; el avance de la lógica urbana frente a la rural se agudizará. La violencia del crimen organizado promete expandirse. El botín en disputa será el 51% de la tierra que está aún en manos de comuneros y ejidatarios: ¿Podrá la 4T sostener la representación de los más pobres? ¿Los dueños de la tierra aceptarán sin protestas el nuevo despojo que se viene? ¿Las masas expulsadas del campo, hacinadas en las periferias urbanas, aceptarán las condiciones de violencia y marginación a cambio de los programas sociales? ¿Los desposeídos, afectados por la contaminación de las nuevas empresas y por los impactos del calentamiento global recibirán eternamente con beneplácito las asistencias sociales promovidas por las FFAA? ¿Seguirán las víctimas de la violencia con sus heroicas búsquedas haciendo el trabajo que le corresponde el Estado, mientras las fosas se siguen multiplicando? ¿Soportarán las mujeres la violencia cotidiana del capitalismo patriarcal a cambio de que se les permita protestar en fechas simbólicas? ¿Se derrumbará la 4T frente al hartazgo popular o emergerá una posición de ultraderecha para tomar ventaja de la inconformidad social?
Pugna electoral
En junio de 2024 ocurrirán las elecciones presidenciales, 128 senadores, 500 diputados federales, de todas las diputaciones locales, de las presidencias municipales y de 9 gobernadores. La contienda ha dominado la política nacional desde junio de 2023 cuando AMLO anunció quiénes serían los precandidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia (JHH) integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Desde entonces, el liderazgo del presidente ha demostrado que controla su partido, definiendo a los candidatos según sus propias preferencias, negando espacios a su gente más cercana (como ocurrió con las gubernaturas de CDMX y Tabasco) y demostrando en las encuestas que su coalición ganará mayoritariamente las elecciones.
Maestro de navegar en las condiciones dadas para sacar provecho de sus ambiciones personales, AMLO seleccionó a los candidatos que le permiten consolidar un aparato electoral en todo el territorio nacional, posicionando principalmente a quienes prometen apelar en lo simbólico a ser los continuadores de la 4T.
Es un hecho que la coalición encabezada por Morena tendrá el triunfo presidencial y de la mayoría de las candidaturas legislativas y locales. Por su parte, la oposición buscará revertir su marginación tratando de aglutinar la inconformidad social, de cooptar a los políticos que Morena marginó para, con base en las posiciones que conquiste, buscar una estrategia de desgaste a partir de las disputas legislativas, y de la cooptación de los políticos de la coalición JHH a lo largo del periodo legislativo. Mientras Morena aspira a sostenerse con base en el liderazgo transexenal que afiance su dirigente, la oposición apuesta a que el liderazgo de AMLO se desvanezca con el traspaso del poder.
Más allá de los opositores principales integrados por el PAN, PRI y PRD, será importante observar el crecimiento que logré Movimiento Ciudadano con la figura de Samuel García y la del ultraderechista Eduardo Verástegui, que intenta promoverse como candidato independiente. El caso de Samuel García es el más relevante. Con base en el peso de su esposa como influencer, apuesta capitalizar los 15 millones de votos de los mayores de 18 años que votan por primera vez. Su campaña, que se basará en recorrer el país en su auto Tesla (valuado en 2.4 millones de pesos) en compañía de su esposa pretende movilizar a una juventud que rechaza la política y al gobierno (encarnado ahora en la figura de Claudia Sehinabum) y repele la cultura del esfuerzo (promovida por Xochitl Gálvez). La frivolidad y el goce encarnados en García podrán tener un impacto trascendente, quizás no para ganar la presidencia pero sí para sentar una base para el futuro. En 6 años, en las próximas elecciones, Samuel García apenas tendrá 41 años.
Luchas
Las luchas populares están presentes en todo el país, aunque son ignoradas por la gran industria de medios de comunicación y por gran parte de los medios que se definen como independientes.
Allí donde la propiedad social de la tierra prevalece proliferan las luchas comunitarias contra el saqueo de bienes, contra la expansión urbana y los corredores industriales, contra la contaminación y la imposición de formas políticas ajenas a las formas de organización de los pueblos. Principalmente influenciadas por la identidad indígena propia de los pueblos, el zapatismo, la teología india y múltiples corrientes políticas, éstas se orientan principalmente por visiones y lógicas locales. La situación de asedio y la demanda del trabajo de base les complica trazar alianzas más amplias. Por su parte, las centrales y organizaciones campesinas de masas se sostienen con muchas dificultades, su liderazgo político en las comunidades ha disminuido enormemente y su importancia en la lucha campesina se ha visto afectada en la medida en que el propio Estado también ha transformado su política en el campo y ha prescindido de la mediación que las organizaciones establecían con sus agremiados.
En todo el territorio nacional crecen los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos o buscan justicia ante los asesinatos. Se cuentan por decenas en cada entidad. Tienen distintas posiciones frente al Estado, algunos colaboran con él, la mayoría le confronta. Basan su actividad principalmente en acciones de protesta y búsquedas de sus desaparecidos en vida (cárceles, centros de atención a adicciones, redes de trata sexual, etc) o de cuerpos en fosas clandestinas.
También producto de las dinámicas económicas antipopulares, crecen movimientos urbanos por la vivienda, contra la gentrificación y los proyectos inmobiliarios, por la defensa de espacios públicos y variadas redes populares de consumo. En ellos actúan las tradicionales organizaciones urbano-populares de masas (con menor fuerza en comparación con las décadas previas), también nuevas formas de organización, de grupos más pequeños, que ponen su énfasis en elementos cualitativos para radicalizar la autonomía de las luchas frente al Estado.
Los sindicatos y otras agrupaciones gremiales de trabajadores han sido de las más atacadas en el neoliberalismo. El actual gobierno impulsó una política de “democratización” de sindicatos que ha dado pie a nuevas organizaciones gremiales pequeñas, a su vez, sostiene acuerdos políticos con las organizaciones sindicales charras y evita reconocer el poder de las organizaciones independientes. Sin embargo, la lucha sindical independiente se sostiene, multiplicándose con pequeños esfuerzos en lo local y con el cobijo de dos expresiones, la de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) dirigida por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME, que ha tenido la virtud de aglutinar a una parte de los trabajadores de plataformas digitales) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Debilitadas por los golpes del Estado, las organizaciones sindicales no tienen ahora la capacidad de movilización que tuvieron en las décadas anteriores, pero sostienen la solidaridad de clase y distintos lazos con sectores de trabajadores precarios así como su arraigo en los procesos comunitarios.
El movimiento feminista ha detonado importantes movilizaciones en algunas coyunturas políticas y fechas simbólicas. Multi sectorial y pluri clasista tiene sus referencias más visibles en núcleos de activistas urbanas con agendas políticas por el derecho de las mujeres y de las diversidades a decidir sobre sus cuerpos, contra las violencias machistas y contra los feminicidios. También el feminismo popular comunitario está radicalizando cualitativamente las luchas de los pueblos, en las que históricamente participan más mujeres que hombres. Por la capacidad para movilizarse y por la fuerza moral la representación del feminismo está en disputa. Ante la posibilidad de que emerja un movimiento feminista de izquierda con fuerza organizativa más allá de las coyunturas específica, los grupos políticos, las empresas y las organizaciones no gubernamentales tratan de apropiarse del feminismo (no es casual que dos mujeres encabecen las principales opciones políticas para la presidencia 2024-2030).
Al parecer los grupos guerrilleros se encuentran desmovilizados. Sin actividad político militar visible parece que su fuerza se ha reducido a regiones donde históricamente han construido su base social. Asediados por el asedio del CO y las FFAA no aparecen con posibilidades de irrumpir en la arena política. En cuanto a las autodefensas y policías comunitarias, ellas se sostienen en sus territorios como grupos que hacen contrapeso a la delincuencia, pero son atacadas constantemente. Aunque no han logrado expandirse en los últimos años, el reconocimiento de su importancia y de que ese tipo de alternativas son de las pocas opciones reales que tiene la sociedad para enfrentar la violencia; se sostienen como el referente de una alternativa necesaria.
Por su parte, distante de las organizaciones político militares tradicionales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue siendo la gran alternativa de organización frente a los poderes instituidos. Sin embargo, la violencia criminal ha invadido Chiapas. El crecimiento del CO cerca de sus territorios y las campañas mediáticas de Estado en su contra dificultan su trabajo. Su nueva iniciativa, centrada en fortalecer sus propios procesos de autonomía dando más poder a lo local, fortalecerá la organización comunitaria frente a los asedios. Sin embargo, los pueblos de otras regiones que ven como una referencia al zapatismo, no encuentran posibilidades inmediatas para tomar un camino autonómico similar. Por su parte, el Congreso Nacional Indígena se sostiene como una fuerza social que participa de las luchas territoriales en distintos puntos del país con una identidad propia haciendo defensa de la autonomía indígena.
En el caso del movimiento estudiantil, además de haber sufrido la violencia de Estado, ha vivido grandes cambios ligados a la educación a distancia, principalmente después de la pandemia de la COVID-19. Con excepción del normalismo rural, que mantiene su lógica de organización y sus formas de lucha, en los ambientes urbanos se abrió una brecha muy grande entre los colectivos y organizaciones estudiantiles tradicionales de izquierda y las nuevas generaciones. Parece prevalecer un desinterés de los más jóvenes por la política y el rechazo a las formas de organización construidas por la izquierda.
Las organizaciones de izquierda y partidos sin registro sostienen su trabajo en condiciones muy adversas. Los grupos más vivos entretejen su labor política en las luchas territoriales, junto a las víctimas de la violencia, sindicatos, movimientos urbanos, estudiantiles, de autodefensa y feministas, pero no tienen hoy una gran presencia y su potencia ideológica que otrora impactaba a la gente sin organización es débil. Desgastadas y asediadas, en ellas ha predominado la división interna y también, en ciertos casos, la adhesión acrítica a la 4T. A contracorriente de la política dominante, muchos de estos grupos siguen construyendo procesos organizativos y sostienen diversas exigencias políticas al Estado
La llamada “clase media” ha tenido un papel importante en las protestas sociales anti neoliberales. Mezcla de trabajadores intelectuales y artistas, con sectores populares que han tenido un ascenso social, empleados públicos y familias de la pequeña burguesía de tradición “progresistas”, así como escasas personas desclasadas de la burguesía, habían acompañado las revueltas sociales de las cuatro oleadas; hoy una escasa parte de estos sectores se sostiene acompañando a las luchas populares en oposición al Estado. En su mayoría ha encontrado dos maneras de participación política: a partir de sumarse a la 4T con cargos públicos para “cambiar desde dentro al Estado” o desde las Fundaciones y organizaciones no gubernamentales que en ocasiones -y salvo algunas excepciones- terminan imponiendo una forma de actuar acorde con las ideas dominantes a nivel internacional.
Las dificultades de las resistencias para irrumpir en el escenario público evidencian los desafíos y retos que tienen los pueblos y sus organizaciones para asumir una disputa política. En lo inmediato, como hemos señalado, la violencia de Estado y el crimen organizado han sido los principales responsables de la difícil situación de las luchas.
El neoliberalismo trastocó las formas de organización de masas que existían. Ellas resistieron y dieron batallas importantes, pero la mayoría fue disgregándose. La debilidad de las organizaciones de masas se debe también a que no han logrado definir una nueva posición de disputa frente a un Estado que ya no requiere de la relación que había construido con ellas. Su debilidad actual ha impactado muy fuerte a las luchas emergentes. Los familiares víctimas de la violencia, las luchas comunitarias y los feminismos no encuentran en las organizaciones de masas el cobijo necesario para enfrentar al Estado.
La guerra contra la clase trabajadora, así como las nuevas formas de capitalismo, intentan barrer con la política que resalta los elementos de clase, para permitir sólo formas de organización menores y sin objetivos políticos ambiciosos. Asimismo, una transformación en el plano de la cultura ha impactado fuerte en la organización popular, la lucha político ideológica, la bandera del socialismo y el sueño de instaurar cambios radicales, que fueron un gran aliciente de las luchas durante el siglo XX, están perdiendo fuerza.
Por su parte, la velocidad con la que las dinámicas del capitalismo alteran lo visible impacta en las subjetividades de manera extraordinaria. A los más jóvenes les cuesta conectarse con las luchas más recientes. Sucesos importantes de hace 10, 20 o 30 años son ignorados por quienes nacieron en los últimos 20 años. Su capacidad de asombro frente a las alteraciones del capitalismo en lo rural, la vida laboral, etc, parecen no movilizarles como las generaciones precedentes. En muchos casos la participación está únicamente motorizada por la culpa, que no termina de transformarse en una toma de posición política, de acción organizada y proyecto liberador.
En lo económico las organizaciones populares están enfrentando dificultades para sostenerse porque el Estado ha quitado los apoyos y subsidios precedentes. Las que reciben fondos de fundaciones sufren un tipo de criminalización por el Sistema de Administración Tributaria, pues aquellos controles que no operan contra el crimen organizado sí funcionan para las organizaciones sociales. Además, ven condicionados sus apoyos a la imposición de agendas de los países financiadores.
A las cuatro oleadas de resistencia popular contra el neoliberalismo le ha sucedido una reorganización de la burguesía mexicana, el imperialismo y los políticos con el fin de innovar las formas de acumulación de capital evitando la organización de los sectores populares. Está en curso la actualización en las formas de organización estatal para lo que parece ser una nueva forma de capitalismo que no revierte las reformas neoliberales, sino que las toma como base para nuevas formas de explotación y despojo, buscando neutralizar las potencias revolucionarias de los pueblos.
Los escenarios parecen sumamente adversos. El actual estado de las fuerzas populares no es alentador. Sin embargo, el acumulado cultural de resistencia y los conflictos sociales, que la reformulación del Estado no podrá desmontar o neutralizar por mucho tiempo, resultan fortalezas básicas que, ligadas a una necesaria alternativa política, la voluntad de quienes la conformen, una conducción firme y un camino que aparezca como realizable, logrará irrumpir como un movimiento contra el Estado y de lucha por construir una alternativa social.
Para avanzar, habrá que vencer el dominio cultural que invita a conformarse con la política realista. Y al mismo tiempo, pensar más allá de las soluciones que el terror instalado muestra como las únicas posibles. Será necesario romper con el aislamiento que la adhesión al gobierno generó y al inmediato, aunque endeble, argumento de no movilizarse porque se “le hace juego a la derecha”. También deberemos recuperar la legitimidad de la resistencia y desobediencia para echarlas a andar de modo masivo construyendo organización popular duradera.
El hartazgo social puede generar explosiones de inconformidad, pero debemos ser capaces de convertirlas en plataformas de lucha que articulen las demandas reivindicativas con planteamientos políticos profundos. En el corto y mediano plazo no se ve que ninguna fuerza social por fuera de la política dominante tenga capacidad para disputar -a través de un proyecto político con fuerzas propias- la conducción de la sociedad. Habrá que ponerse a construirla.